Hagamos viables las pensiones (IV)

Tras una pausa en mi serie sobre soluciones a los problemas del sistema de pensiones, vuelvo a la carga con la esperanza de reunir una serie de propuestas que consigan introducirse en el debate público.

En todos los artículos anteriores de esta serie hemos propuesto ideas que permitan incrementar los ingresos futuros del sistema de pensiones y/o reducir los gastos actuales de modo que el problema a corto y largo plaza pueda ser resuelto sin recurrir a gravar adicionalmente los sufridos bolsillos de los contribuyentes (individuos y empresas) y por tanto evitando ralentizar la economía con el consiguiente efecto de acabar paradójicamente reduciendo los ingresos del sistema.

Hoy explicaré otra propuesta de reducción de gastos.

Utilizar recursos ociosos del estado para pagar parte de las pensiones en especie.

El estado dispone de tres tipos de activos ociosos o potencialmente ociosos que puede utilizar para ofrecer servicios a pensionistas (especialmente a los no contributivos pero también a los otros) sin necesidad de incrementar los presupuestos y reduciendo con ello la cantidad de dinero efectivo que hoy hay que pagar a esos mismos colectivos para que adquieran esos servicios.

  • Edificios de propiedad pública que o bien están actualmente no utilizados o infrautilizados e incluso edificios que están siendo utilizados por entidades públicas cuya necesidad está insuficientemente justificada y que no se clausuran porque el hacerlo no implicaría ahorros al estar consolidados sus presupuestos.
  • Funcionarios o personal contratado por el mismo tipo de entidades públicas insuficientemente justificadas que podrían ser reubicados en función de sus preferencias y asignados directamente a servicios sociales o bien a otros organismos públicos para sustituir a funcionarios que si desearan ser asignados a esos servicios sociales.
  • Mobiliario, maquinaria, vehículos, equipos informáticos que podrían servir a la configuración de esos servicios sociales o servicios auxiliares a ellos.

A modo de ejemplo de todo lo anterior presentaré un ejemplo especialmente llamativo. En una ocasión tuve que revisar las entidades públicas de la Junta de Andalucía y el personal asignado a ellas. El estudio lo realicé en 2016. Pues bien para mi sorpresa encontré que seguía existiendo una entidad pública dependiente de la Junta de Andalucía encargada de gestionar la Expo Universal de Sevilla de 1992. Este ente público contaba en ese momento con 63 funcionarios!!! ¿Alguien puede explicar que hacen cada día 63 personas gestionando una Expo Universal que cerró sus puertas hace 25 años?

Es posible que las oficinas donde trabajan esos funcionarios no sean directamente útiles para prestar servicios sociales y también es probable que esos funcionarios no tengan las capacidades para dedicarse a cuidado de enfermos o a gestionar viajes del Imserso o a administrar comedores públicos… pero estoy seguro que creando una bolsa de activos ociosos y un hub central de compensación se podrían encontrar múltiples oportunidades para reestructurar la organización encontrando la manera de proveer determinados servicios cuyo coste podría ser deducido de las prestaciones dinerarias directas que hoy se distribuyen.

¿Que impide hoy llevar a cabo este tipo de reestructuraciones tan habituales en el sector privado? En mi opinión la ideologización de las soluciones lleva a los partidos políticos a bloquear cualquier movimiento en este sentido utilizando la maraña de leyes, reglamentos y competencias entre las distintas administraciones. Un planteamiento transversal no partidista que protegiera los intereses de todas las partes implicadas y que generara nueva actividad económica a nivel nacional pero con participación de todas las administraciones y con involucración de la sociedad civil (ONG’s, organizaciones sociales y sector privado) tendría posibilidades de abrirse camino.

 

 

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